La portavoz del PSE-EE en el Ayuntamiento de Sopela, Teresa Fernández, exigió ayer en la comisión de personal el cese inmediato del jefe operativo de la Policía Municipal de Sopela, después de que una sentencia firme del TSJPV confirmara la nulidad de su contratación a dedo por parte del gobierno municipal de EH Bildu y condenara al Consistorio al pago de unas costas de 1.000 euros.

La portavoz socialista denunció que Bildu “no solo contrató a dedo a la persona que durante tres años ha ocupado de forma ilegal la plaza de suboficial operativo de la Policía Municipal, sino que, con la mayor desfachatez, ahora pretende perpetuar la ilegalidad cometida cubriendo esa plaza mediante el sistema de libre designación una semana antes de las elecciones”.

Fernández estima que el Ayuntamiento de Sopela ha gastado 228.000 euros, tanto en la contratación ilegal del funcionario en cuestión como en la defensa jurídica de su irregular proceder en este asunto, por lo que exige el cese inmediato del jefe operativo y que se convoque un concurso público con todas las garantías para cubrir esa plaza.

El puesto de suboficial operativo de la Policía Local de Sopela se cubrió en comisión de servicios el 18 de mayo de 2012, alegando la Alcaldía que las tareas a desempeñar eran “urgentes e inaplazables”. Para el puesto, Bildu nombró a dedo a un agente primero de la Policía local de Getxo, pues ni entonces ni ahora hay en la plantilla de la Policía local de Sopela funcionarios de la escala correspondiente.

El sindicato ELA denunció que el nombramiento se realizó prescindiendo “total y absolutamente” del procedimiento legalmente establecido y vulnerando los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad que rigen para la selección del personal de las administraciones públicas. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Bilbao estimó el recurso del sindicato y en diciembre de 2013 anuló el nombramiento por ser contrario a derecho.

El Ayuntamiento de Sopela, sabedor de lo inviable del recurso, apeló el fallo y el pasado 13 de enero de 2015 la sección tercera de la sala de lo Contencioso del TSJPV confirmó en sentencia firma la nulidad y condenó al Consistorio al pago de unas costas de 1.000 euros.

Pasados tres años, el próximo 18 de mayo, una semana antes de las elecciones municipales, finaliza el plazo de tres años que la Ley de Policía del País Vasco fija como límite de la comisión de servicios. Bildu se ampara ahora en el fin de este plazo para cubrir, de nuevo por el procedimiento de libre designación, un puesto que ni está previsto en los presupuestos 2014 (prorrogados en el 15), ni salió en el Pleno que analizó la Plantilla orgánica y la RPT del Ayuntamiento de Sopela.

La falta de previsión en cuanto a la necesidad de cubrir la plaza se aprecia también en la total ausencia de Oferta Pública de Empleo. En el tiempo transcurrido se podría haber hecho una OPE acorde con la legalidad. En vez de eso, el Ayuntamiento ha alargado artificiosamente, a través del recurso de apelación, una contratación irregular, provocando así la causa última que justifica la actual convocatoria.

La portavoz socialista considera “absolutamente impresentable” la actitud del equipo de gobierno de Bildu en este asunto y advierte de que si no se procede de inmediato al cese del funcionario contratado de manera ilegal, emprenderá acciones legales para exigir el cumplimiento de la sentencia.