En el actual e intrincado laberinto catalán, así podría calificársele, si lo que se quiere es lograr una solución política, es de todo punto de vista necesario definir tanto el espacio en el cual se desarrolle ese diálogo, así como el método para llevarlo adelante.
Un buen inicio para este nuevo diálogo es la Declaración de Pedralbes de pasado 20 de diciembre, así como las posteriores reuniones bilaterales que se han seguido produciendo durante el pasado enero.
Para el gobierno, el único documento válido para continuar con las negociaciones es la citada Declaración de Pedralbes, que debe de ser la piedra de toque a partir de la cual, lograr una solución política del problema catalán, pero siempre dentro de la legalidad y dentro de la Constitución.
Bajo ningún concepto el documento marco para proseguir con el diálogo puede ser los 21 puntos que ha publicado el actual presidente de la Generalitat, Quim Torra.
Desde el inicio de las negociaciones, el PSOE ha sido meridianamente claro en la necesidad de una doble vía que debe de estar siempre dentro de la Constitución.
Una de esas vías debe ser el diálogo institucional entre el gobierno de España con el gobierno catalán, y a otra un diálogo sincero entre los partidos políticos para por ambos caminos lograr un consenso que falta a día de hoy.
En lo que respecta al diálogo institucional se debería de instruir una comisión bilateral, una figura ya recogida en la legislación catalana y que tiene que servir para hablar de la situación y las soluciones posibles que supere al actual impasse político.
Para el gobierno de España el diálogo solo se puede producir dentro del actual marco legal y constitucional para lograr solucionar la actual crisis política.
La comisión, que debiera de reunirse en fechas próximas, debiera tener como negociadores principales a Meritxell Batet, por parte del ejecutivo de Pedro Sánchez, y al conseller Bosch por parte del ejecutivo catalán.
En lo que respecta a dinamizar el diálogo de los partidos catalanes se debiera ensayar una mesa abierta de partidos, encontrando puntos en común en problemas enquistados que en el mejor de los casos se remontan ya a una década.
Dicha Mesa de Diálogo debiera de servir para encontrar puntos en común entre unas fuerzas políticas que no hablan sinceramente al menos desde hace una década.
Esta mesa debe de ser exclusiva de los partidos políticos catalanes, y de ninguna de las maneras debe de contar ni con el ejecutivo español y mucho menos con el catalán.
Con respecto a la figura del relator, debe de ser una persona de acendrada neutralidad y que sea elegida, con el mayor consenso posible, por los partidos políticos que vayan a participar en la mesa de diálogo.
Su función principal debiera de ser la coordinación de las reuniones y participar en la dinamización de las mismas, pero también de ser notario de lo que allí se trate, para posteriormente trasladar a la opinión pública lo que allí acontezca.
Del mismo modo, en ningún caso debiera de ser ni un observador internacional ni un mediador al uso.