El Partido Popular se ha embarcado en una «causa general» contra el PNV, lo que incluye censurar su cercanía con la plataforma Gure Esku Dago y al mismo tiempo subrayar que el partido en que militase Carlos Garaikoetxea, ha iniciado una deriva, sin rumbo cierto, hacia a las posiciones políticas de EH Bildu, y hacia el «derecho de autodeterminación»
El PP vasco ha acusado al PNV de estar provocando una fractura social al apoyar la cadena humana de Gure Esku Dago, ya que en muchas de esas concentraciones se pudo ver a conspicuos dirigentes jeltzales.
La Secretaria General del PP Vasco, Amaia Fernández, no ha dudado en tildar como «temeridad» que diputados generales y varios alcaldes hayan participado en la cadena humana, cargos públicos, que, para el PP, priorizan sus intereses ideológicos a los intereses de la ciudadanía a la que representan.
La presencia de la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejería, en el último kilómetro de la cadena humana, le ha servido al Partido Popular para subrayar que con su presencia ha perdido la neutralidad que debe seguir en el ejercicio de su cargo.
Para el partido que fuera Alianza Popular, la cadena humana de Gure Esku Dago no deja de ser algo «residual» en Euskadi, debido a la baja participación en los actos que organiza la citada plataforma.
Los populares vascos también se quejan de los «repetidos guiños» que les dedica el Lehendakari Urkullu, con reuniones al más alto nivel, con lo que el foco informativo se pone sobre la citada plataforma.
El PP acusa al PNV de haber cruzado la «línea roja» tanto en Madrid como en Euskadi. En la capital de España, y siempre según el PP, el partido que preside Andoni Ortuzar, tiene como seña de identidad la falta de respeto a la legalidad.
Mientras tanto en Euskadi, los jeltzales han tomado una deriva que cada día que pasa les acerca más a EH Bildu y el «derecho de autodeterminación», alejándose de lo que los populares se otorgan para sí, que no es otra cosa que proporcionar estabilidad y poner el foco en los intereses de la ciudadanía.
Fuente – La Vanguardia